Referentes de la provincia alertaron en el Congreso sobre el impacto hídrico en la cuenca Salí-Dulce y calificaron el proceso participativo de «insuficiente».
Representantes de organizaciones sociales y comunidades indígenas de Tucumán participaron este 25 de marzo en la audiencia pública de la Cámara de Diputados para debatir la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Ejecutivo. Con fuertes críticas al formato del debate y advertencias sobre la desprotección del ambiente periglacial, los expositores tucumanos subrayaron que la modificación pone en riesgo el suministro de agua para más de tres millones de personas en la región.
La reforma, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone redefinir qué áreas se consideran protegidas, delegando mayor autonomía a las provincias para determinar sus inventarios. Este punto es el eje del conflicto: los especialistas advierten que, de aprobarse, se habilitarían actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas hoy restringidas, afectando directamente a los Nevados del Aconquija, donde Tucumán comparte más de 260 cuerpos de hielo con Catamarca.
Voces tucumanas en el Congreso
Arturo Cuello, abogado de la organización ANDHES, planteó una visión federal crítica: “Lo que se puede hacer con los glaciares en una provincia afecta directamente a otras. El agua no entiende de jurisdicciones políticas”. Cuello denunció que la reforma busca introducir «discrecionalidad» y habilitar decisiones fragmentadas que rompen con los presupuestos mínimos ambientales garantizados por la Constitución.
Por su parte, Lourdes Albornoz, en representación de la Unión Diaguita de Tucumán, calificó el proceso de «nulo de nulidad absoluta» por la omisión de la consulta previa a los pueblos indígenas. “Los glaciares son aguas sagradas, madres y ancestras. El apu Aconquija no se toca”, sentenció, vinculando la supervivencia de las crías de todas las especies al flujo natural de los ríos que nacen en las altas cumbres.
El impacto de la reforma en Tucumán
El problema central radica en la vulneración del principio de no regresión ambiental. Al reducir el universo de protección del ambiente periglacial, el Gobierno nacional no solo enfrenta una resistencia social masiva —con más de 102.000 inscriptos para la audiencia— sino también un escenario de judicialización inminente. Para Tucumán, el riesgo no es solo ecológico: la desregulación de las zonas de recarga hídrica podría agravar los fenómenos de inundaciones en el sur provincial, como en la localidad de La Madrid, al alterarse el ciclo natural de escurrimiento de la cuenca.
La audiencia pública ha dejado en evidencia una desconexión profunda entre la urgencia legislativa y la demanda ciudadana de participación real. Mientras el oficialismo busca acelerar el dictamen, el colectivo de organizaciones tucumanas advierte que la legitimidad de la ley está en jaque y que la defensa del agua se trasladará, de ser necesario, a los tribunales internacionales.
