La Justicia Federal investiga el crecimiento patrimonial del hermano del Jefe de Gabinete y su gestión en organismos de Defensa.
El fiscal federal Guillermo Marijuán formalizó este miércoles 13 de mayo de 2026 la imputación contra Francisco Adorni, actual diputado bonaerense por La Libertad Avanza y hermano del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La investigación penal busca determinar la legalidad de un incremento patrimonial que, según las denuncias presentadas, carecería de justificación técnica en relación con sus ingresos como funcionario público. El proceso, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, incluye sospechas de lavado de dinero y presuntas irregularidades durante su paso por el Ministerio de Defensa y el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
La causa se originó a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien señaló inconsistencias graves en las declaraciones juradas de Adorni. Según la documentación que sustenta la acusación, el patrimonio neto del legislador provincial experimentó un salto significativo: de registrar bienes por cerca de 44 millones de pesos en 2024, pasó a declarar 80,5 millones de pesos en 2025. Este crecimiento del 83% en apenas doce meses incluyó la cancelación total de un crédito hipotecario y la adquisición de un vehículo de alta gama, movimientos que el Ministerio Público Fiscal considera necesarios de auditar bajo el levantamiento del secreto fiscal y bancario.
El contexto administrativo de Francisco Adorni agrava la mirada judicial. Antes de su llegada a la Legislatura bonaerense, tuvo una carrera meteórica en el Poder Ejecutivo Nacional, donde fue designado como asesor en el Ministerio de Defensa con un sueldo inicial superior a los dos millones de pesos, para luego ser promovido a titular de la Unidad de Auditoría Interna del mismo organismo. Su posterior gestión en el IAF también quedó bajo la lupa por un presunto «vaciamiento» del instituto que administra los fondos de previsión de las fuerzas armadas.
Desde el ámbito político, el caso genera un fuerte desgaste institucional para la administración de Javier Milei, que ha construido su identidad política sobre la promesa de combatir los privilegios de la «casta». Mientras Manuel Adorni ha negado públicamente cualquier tipo de irregularidad y sostiene que su propio patrimonio es fruto de 25 años de actividad en el sector privado, la oposición ha convocado a sesiones especiales para exigir explicaciones sobre el uso de recursos públicos y la contratación de familiares en cargos estratégicos.
El escenario a corto plazo plantea una presión creciente sobre la figura del Jefe de Gabinete. El fiscal Marijuán ya ha solicitado informes detallados sobre los viajes al exterior y los activos de Francisco Adorni, así como de su círculo familiar directo. La resolución de esta causa no solo definirá la situación procesal de los hermanos Adorni, sino que pondrá a prueba la consistencia del discurso oficialista respecto a la transparencia y la ética en la función pública.
