En un giro procesal, la Sala VIII otorgó efecto suspensivo a la apelación del Gobierno. Lo que cambia desde ahora indemnizaciones, huelgas y el rol de las plataformas digitales
El fin de la tregua judicial
Tras semanas de incertidumbre, un nuevo fallo judicial cambió las reglas del juego: la reforma laboral que el Gobierno impulsó por ley vuelve a estar vigente de manera inmediata. Esto significa que, desde este momento, la forma en que se calcula una indemnización, cómo se organizan las vacaciones o qué pasa durante una huelga ha cambiado. No es solo un trámite técnico; es una transformación profunda en el día a día de millones de trabajadores y empresas en todo el país.
La arquitectura de las relaciones laborales en Argentina ha ingresado en una fase de transformación sistémica. Este 23 de abril de 2026, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación presentado por el Estado Nacional contra la medida cautelar que mantenía frenada la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La decisión, firmada por los jueces María Dora González y Víctor Pesino, implica que los 82 artículos cuestionados recuperan su vigencia plena e inmediata mientras se sustancia el trámite de fondo sobre su constitucionalidad.
Del freno de Ojeda al «viva la libertad»
El escenario se remonta al 30 de marzo, cuando el juez Enrique Ojeda había hecho lugar a un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT), suspendiendo una parte sustantiva de la reforma por considerar que existía un riesgo de daño irreparable a los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la Cámara rectificó el criterio inicial (que era de efecto «devolutivo») amparándose en la Ley 26.854, la cual establece que las cautelares contra el Estado deben suspenderse ante una apelación para resguardar la legitimidad democrática de las leyes emanadas del Congreso.
El impacto político no se hizo esperar. El presidente Javier Milei celebró la resolución en sus canales oficiales, afirmando que «no podrán detener el crecimiento que se viene para el país», mientras que desde el Ministerio de Desregulación se ratificó que la ley rige ahora sin restricciones.
¿Qué cambia «aquí y ahora» para el trabajador?
La reactivación de la reforma introduce cambios estructurales que alteran la histórica protección del derecho laboral en el país. Entre los puntos más sensibles que vuelven a regir se destacan:
- Régimen Indemnizatorio: Se modifica la base de cálculo, excluyendo conceptos como el aguinaldo, premios y propinas, lo que reduce el monto final percibido por el trabajador. Además, se habilita el pago de sentencias en cuotas para pymes y grandes empresas.
- Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se activa el sistema de capitalización inembargable financiado con aportes patronales para cubrir futuros despidos, un punto central de la agenda oficialista para reducir la litigiosidad.
- Plataformas Digitales: El vínculo entre repartidores y empresas de servicios digitales deja de ser considerado una relación de dependencia, estableciéndose legalmente como un contrato de servicio independiente.
- Derecho a Huelga y Asambleas: Las actividades esenciales deberán garantizar un 75% de prestación durante medidas de fuerza, y se requiere autorización previa del empleador para realizar asambleas que afecten el normal funcionamiento de la actividad.
La posición de la CGT: Resistencia y denuncia de presiones
Desde la calle Azopardo, la respuesta fue de rechazo absoluto. La central obrera calificó el fallo como «impropio» y denunció la existencia de presiones políticas sobre los integrantes de la Cámara. La estrategia sindical ahora se divide en dos frentes: el judicial, intentando acelerar el pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de fondo, y el social, con la confirmación de movilizaciones masivas para el próximo 30 de abril en señal de protesta contra lo que consideran una «atomización» de los derechos colectivos.
La «vigencia precaria»
Aunque el Gobierno ha logrado una victoria táctica, el escenario es de una vigencia precaria. La sombra de la inconstitucionalidad sigue presente y la batalla final se librará en la Corte Suprema de Justicia. El Ejecutivo ya ha presentado un recurso de per saltum para que el máximo tribunal dicte una sentencia definitiva que cierre la puerta a futuros amparos. Mientras tanto, las empresas enfrentan un dilema de seguridad jurídica: aplicar los nuevos beneficios de la ley podría derivar en reclamos retroactivos millonarios si la Corte decide, en el futuro, anular la reforma.
