El Ministerio de Capital Humano confirmó que el programa dejará de existir el 9 de abril. Los 900.000 beneficiarios actuales iniciarán una transición hacia un sistema de formación laboral.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello, confirmó la eliminación definitiva del programa «Volver al Trabajo» a partir de abril de 2026. La medida, que impacta directamente en unas 900.000 personas, establece que el último pago de la asignación mensual de $78.000 se acreditará el próximo 9 de abril. Esta decisión representa un giro drástico en la política de asistencia social, buscando reemplazar el subsidio económico directo por un sistema de «vouchers de capacitación» diseñado para fomentar la inserción en el empleo formal sin intermediarios.
El programa «Volver al Trabajo» había sido concebido originalmente como una herramienta de inclusión para acompañar a los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo en su transición hacia el mercado laboral formal. Hasta diciembre de 2025, el beneficio se mantenía con montos congelados y requisitos de contraprestación específicos. Sin embargo, la nueva disposición oficial argumenta la necesidad de «reducir la intermediación» y reformular la asistencia estatal.
El cierre ha generado una reacción inmediata en diversos sectores. En el ámbito legislativo, la senadora Beatriz Ávila ha solicitado informes detallados al Ministerio de Capital Humano, advirtiendo sobre la incertidumbre y el impacto social que la medida tendrá en miles de familias, especialmente en provincias como Tucumán. Por su parte, organizaciones sociales han iniciado jornadas de protesta con cortes y asambleas en rechazo a lo que consideran un desmantelamiento de la red de contención social.
Sistema de vouchers y su duro mensaje a manifestantes
La transición hacia los vouchers de capacitación plantea interrogantes sobre la capacidad operativa del Estado para garantizar el acceso efectivo a la formación anunciada. Mientras el Ejecutivo defiende la medida como un paso hacia la transparencia y la eficiencia, el escenario a corto plazo se presenta conflictivo debido a la pérdida del ingreso mensual para los titulares que no logren insertarse rápidamente en el nuevo esquema.
A largo plazo, el éxito de esta reforma dependerá de la calidad de la oferta educativa de los vouchers y de la demanda real de empleo en un contexto económico recesivo. El Gobierno ha advertido, además, que mantendrá una política estricta de cese de beneficios para aquellos que «alteren el orden público» durante las manifestaciones.
Con la fecha límite del 9 de abril ya fijada, las próximas semanas serán críticas para definir los mecanismos de inscripción y funcionamiento de los nuevos vouchers. La mirada estará puesta en la implementación técnica de Capital Humano y en la capacidad de respuesta de los sectores sociales frente a la desaparición del último gran esquema de asistencia heredado.
