La cooperativa de Sunchales reconoció ante la Justicia su insolvencia definitiva tras años de agonía financiera. La caída del consumo, deudas por u$s 120 millones y un escenario de falta de inversión sellan el destino de un emblema nacional.
El colapso de un símbolo industrial
La lechería argentina atraviesa uno de sus capítulos más sombríos. SanCor CUL, la histórica cooperativa que durante décadas lideró el mercado lácteo nacional, ha solicitado formalmente su propia quiebra ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de Rafaela. La decisión, comunicada este miércoles por la cúpula de la firma, marca el reconocimiento de un estado de «cesación de pagos e insolvencia patrimonial general y definitiva» que ya resulta irreversible.
El derrumbe no es solo simbólico, sino material: la empresa arrastra un pasivo que supera los u$s 120 millones —compuesto por más de 41.000 millones de pesos y 90 millones de dólares— y enfrenta el reclamo de 2.702 acreedores. En paralelo, el impacto social es inmediato, con cientos de trabajadores que no perciben sus salarios ni aguinaldos desde hace ocho meses, sosteniendo la operatividad mínima de la marca únicamente con su propio patrimonio y el auxilio del fondo solidario de su gremio, ATILRA.
Del concurso preventivo a la liquidación judicial
SanCor se encontraba en concurso preventivo desde febrero de 2025. Sin embargo, la inviabilidad del plan de rescate, la imposibilidad de acceder a capital de trabajo y la estructura de costos insostenible en el actual marco económico llevaron a la conducción a desistir de la recuperación. La producción, que en sus años de esplendor alcanzaba los 4 millones de litros diarios, se desplomó a menos de 500.000 litros en el último periodo.
Este escenario se agravó con el cierre definitivo de las operaciones gestionadas por el grupo Maralac S.A., que afectó directamente a las plantas de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA) y a la firma La Suipachense. Esta decisión judicial dispuso la liquidación total de activos, incluyendo el remate de instalaciones y maquinaria para cubrir deudas millonarias, lo que provocó el despido de más de 500 trabajadores en localidades como Arenaza, Monte Cristo y Lincoln.
¿Hay futuro para la marca?
Desde el sector gremial, el titular de ATILRA, Héctor Ponce, definió el pedido de quiebra no como un final, sino como el comienzo de una etapa donde la marca «debe volver a florecer» despojada de las estructuras que la asfixiaron. No obstante, el panorama es incierto. La red logística que abastecía a 70.000 comercios ha dejado de funcionar, y marcas insignias como Shimy o Sancorito comienzan a desaparecer de las góndolas.
El futuro de las plantas productivas —especialmente las ubicadas en Devoto, Balnearia y La Carlota— depende ahora de que inversores privados decidan adquirir los activos durante el proceso de liquidación. Mientras tanto, la crisis de SanCor se suma a un fenómeno de desindustrialización que ya afecta a otros sectores, como el textil y el de consumo masivo, en un contexto de fuerte caída de la previsibilidad económica.
