La Casa Rosada busca suspender la ley que la obliga a girar $2,5 billones de pesos para salarios y funcionamiento, alegando que no cuenta con los fondos.
El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales ha entrado en una fase crítica de «tironeo» judicial. El Gobierno Nacional, a través de la Procuración del Tesoro, presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia intervenga y suspenda la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta ley obliga al Estado a actualizar los sueldos de profesores y empleados, además de mejorar las becas estudiantiles.
La jugada del Ejecutivo ocurre justo cuando se vencían los plazos legales para empezar a transferir el dinero. Aunque el Gobierno busca frenar los pagos, los expertos legales señalan que, hasta que la Justicia no diga lo contrario, la obligación de enviar los fondos sigue vigente.
¿Por qué el Gobierno no quiere pagar?
La respuesta desde la Casa Rosada es directa: «no hay plata». Según el equipo de Javier Milei, cumplir con esta ley costaría unos $2,5 billones de pesos, una cifra que, aseguran, destruiría el «déficit cero» y el equilibrio económico que consideran el mayor logro de su gestión.
El argumento oficial es que el Congreso aprobó la ley sin decir de dónde sacaría el dinero para pagarla, lo que iría en contra de las normas de administración del Estado. Por eso, piden que la Corte Suprema analice el caso y, mientras tanto, les permita no hacer los depósitos.
La crisis en los pasillos de las facultades
Mientras la discusión sigue en los escritorios de los jueces, la situación en las universidades es de urgencia. Los números muestran una realidad difícil para quienes trabajan y estudian allí:
- Sueldos que no alcanzan: Los salarios universitarios han subido mucho menos que los precios. Se estima que los trabajadores perdieron un 32% de su poder de compra en los últimos años.
- Docentes bajo la línea de pobreza: Muchos profesores con años de experiencia cobran sueldos que no llegan a cubrir la canasta básica.
- Investigación frenada: El presupuesto para ciencia y tecnología está en sus niveles más bajos de las últimas dos décadas, lo que pone en riesgo proyectos científicos y empuja a los investigadores a irse del país.
¿Qué puede pasar ahora?
La comunidad universitaria no se queda de brazos cruzados. Tras paros con altísima participación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya advirtió que habrá una nueva Marcha Federal Universitaria si el Gobierno sigue sin cumplir con la ley y los fallos de la justicia.
El futuro del conflicto depende ahora de la Corte Suprema. Si los jueces no aceptan el pedido del Gobierno, el Poder Ejecutivo se verá obligado a encontrar la forma de pagar los $2,5 billones para evitar caer en un desacato judicial, algo que podría cambiar por completo el escenario económico del país.
