Con más de 100.000 inscriptos y solo 400 oradores habilitados, la Cámara Baja debate una reforma que busca flexibilizar la protección de las reservas de agua para favorecer la actividad extractiva.
La Cámara de Diputados de la Nación inició este miércoles 25 de marzo un proceso de audiencias públicas clave para el futuro de las reservas hídricas estratégicas de Argentina. El plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales analiza la modificación de la Ley 26.639, un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que ya cuenta con media sanción del Senado y que ha fracturado el arco político, científico y social. Mientras el oficialismo y provincias mineras defienden la reforma como una vía necesaria para el desarrollo económico, organizaciones ambientales y sectores de la oposición denuncian una «farsa» participativa y un retroceso inconstitucional en la protección del ambiente.
El conflicto central de la jornada radica en la restricción de la palabra. A pesar de que la convocatoria registró una cifra histórica de más de 100.000 ciudadanos e instituciones interesados en exponer, la Libertad Avanza diseñó un esquema que limita la participación oral a solo 400 oradores —200 presenciales este miércoles y 200 virtuales el jueves—. Esta decisión fue impugnada por legisladores opositores, quienes advirtieron que solo se permitió hablar al 0,3% de los inscriptos, y motivó presentaciones judiciales que, hasta el momento, han sido rechazadas por el fuero Contencioso Administrativo Federal.
Los puntos críticos de la reforma: ¿Qué se protege y qué no?
El proyecto de ley busca redefinir el objeto de protección de la actual normativa sancionada en 2010. El cambio fundamental reside en el ambiente periglacial: la reforma pretende limitar la protección únicamente a aquellas zonas que tengan una «función hídrica efectiva y relevante». Bajo la legislación vigente, todo el ambiente periglacial —que actúa como un regulador hídrico natural— está resguardado, lo que impide actividades como la minería de gran escala en esas áreas.
Expertos del CONICET y del IANIGLA han advertido que esta distinción técnica es peligrosa, ya que el sistema hídrico de montaña funciona como un todo integrado. Además, la reforma propone otorgar a las provincias la potestad de gestionar sus propios inventarios de glaciares, una medida que, según los detractores, rompe con el principio de «presupuestos mínimos» establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, el cual garantiza un piso común de protección para todo el país.
El choque de intereses: Desarrollo vs. Conservación
Desde el sector gubernamental, la narrativa se apoya en la necesidad de atraer inversiones. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, fue enfático al declarar que «no hay impacto ambiental más negativo que la pobreza», defendiendo la minería de litio y cobre como motores de las economías regionales. En sintonía, el bloque oficialista sostiene que la ley actual presenta «dificultades interpretativas» que paralizan proyectos mineros estratégicos.
En la vereda opuesta, provincias como La Pampa han alzado la voz de alarma. La secretaria de Ambiente pampeana, Vanina Basso, advirtió en el Congreso que la seguridad hídrica del 70% de su población depende del río Colorado, cuyos nacientes se encuentran precisamente en las zonas que la reforma busca desproteger. Por su parte, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y otras 150 organizaciones civiles califican la iniciativa de «ilegal e inconstitucional», apelando al principio de no regresión ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú.
Escenarios y proyección política
El oficialismo tiene como meta emitir dictamen de comisión en las próximas semanas para llevar el proyecto al recinto durante la primera quincena de abril. Sin embargo, el camino no parece despejado. Bloques «dialoguistas» como Provincias Unidas han manifestado dudas y posibles votos en contra, lo que obligará a La Libertad Avanza a intensificar las negociaciones con los gobernadores cordilleranos.
Independientemente del resultado legislativo, el conflicto se encamina hacia una judicialización casi segura. Si la ley es sancionada, el ecosistema judicial recibirá múltiples demandas basadas en la regresividad ambiental, lo que podría generar una mayor incertidumbre jurídica para las mismas inversiones mineras que el Gobierno intenta promover. El debate en Diputados es solo el primer capítulo de una disputa de largo aliento por el recurso más crítico del siglo XXI: el agua dulce.
