El Jefe de Gabinete adquirió un departamento en Caballito por USD 230.000, pero la estructura del financiamiento despertó alarmas judiciales. El 87% del valor fue cubierto por un crédito hipotecario otorgado por las propias vendedoras, dos mujeres de 72 y 64 años.
La situación patrimonial de Manuel Adorni ha pasado de la exposición pública a un complejo expediente judicial liderado por el fiscal Gerardo Pollicita. La investigación se centra en la compra de un departamento de casi 200 metros cuadrados en el barrio de Caballito, concretada el 18 de noviembre de 2025, por un valor declarado de USD 230.000. Lo que llamó la atención de los investigadores no es solo el monto, sino que el Jefe de Gabinete obtuvo un préstamo personal de USD 200.000 de parte de las vendedoras de la propiedad, evitando los canales bancarios tradicionales.
La operación quedó asentada en el Registro de la Propiedad Inmueble con la firma de Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años. Según los documentos que analiza la Justicia, estas dos mujeres no solo transfirieron el dominio del inmueble, sino que se convirtieron en las acreedoras del funcionario, financiando el 87% de la transacción. Esta «hipoteca privada» plantea interrogantes sobre la capacidad financiera de las prestamistas y la naturaleza del vínculo que las une con el vocero presidencial reconvertido en Jefe de Gabinete.
El fiscal Pollicita intenta determinar si este movimiento patrimonial guarda relación con los ingresos conocidos de Adorni o si se trata de una maniobra para ocultar el origen real de los fondos. En paralelo, la investigación judicial analiza otras inconsistencias, como vuelos privados a Punta del Este presuntamente pagados por terceros y un salto patrimonial que la oposición califica de «abrupto». La hipótesis de la fiscalía sugiere que el entramado de préstamos personales podría haber sido utilizado para blanquear una capacidad de compra que los sueldos estatales no logran explicar.
Desde el entorno de la Casa Rosada han intentado minimizar el impacto, mostrando fotos de apoyo del presidente Javier Milei y otros ministros hacia Adorni. Sin embargo, la falta de documentación respaldatoria que aclare el origen de los fondos de las jubiladas prestamistas ha debilitado la defensa pública del funcionario. La designación de Gabriela Carmen Zangaro al frente de la Oficina Anticorrupción, tras la salida de Alejandro Melik, suma un nuevo componente institucional al control de la ética pública del gabinete.
El escenario a corto plazo para Adorni es de una fragilidad creciente. Mientras la Justicia avanza en el peritaje de los chats entregados por brokers de vuelos privados y en el análisis del Registro de la Propiedad, la continuidad del Jefe de Gabinete queda atada a su capacidad para explicar un movimiento financiero que, hasta el momento, carece de lógica comercial estándar. La resolución de este expediente será determinante para la credibilidad del discurso oficial sobre la transparencia y el combate a los privilegios de la política.
