El gobernador bonaerense calificó de «histórica» la sentencia que valida el proceso de nacionalización de 2012 y advirtió sobre las intenciones del Ejecutivo nacional de privatizar los recursos estratégicos.
En una conferencia de prensa brindada desde la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof analizó el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York vinculado a la recuperación del 51% de las acciones de YPF en 2012. La sentencia fue presentada por el mandatario como un respaldo a la legalidad del proceso, contradiciendo la narrativa del presidente Javier Milei, a quien acusó de defender intereses extranjeros por encima del patrimonio nacional.
El centro de la controversia radica en la validez del estatuto de la compañía frente a la ley de expropiación argentina. Kicillof subrayó que el tribunal estadounidense reconoció que el procedimiento se realizó de modo correcto, lo que representa un alivio judicial y político para el país en una causa que lleva años en los tribunales internacionales. Según el gobernador, este fallo desarma el argumento de que la nacionalización fue un acto «ilegal» o «irresponsable».
Durante su intervención, Kicillof vinculó la situación judicial con la actual política energética del Gobierno Nacional. El gobernador advirtió que la gestión de Milei no comprende el rol estratégico de YPF, viéndola únicamente como una entidad para lucrar o privatizar, sin considerar su función como motor de desarrollo industrial. «La energía nacional tiene que servir al desarrollo nacional, no usar esos recursos para mandarlos sin elaboración al exterior y venderlos en Argentina a precios internacionales», enfatizó.
El análisis del impacto de esta sentencia trasciende lo jurídico. Para la provincia de Buenos Aires y el resto del país, la operatividad de YPF es clave para el acceso a recursos de Vaca Muerta y la industrialización de minerales como el litio, el oro y el cobre. Kicillof señaló que la participación estatal garantiza que los beneficios de la extracción de recursos excedan los intereses de las empresas transnacionales y se vuelquen en la creación de empleo y tecnología local, como la fabricación de baterías de litio.
Finalmente, el mandatario alertó sobre el riesgo que corre la soberanía energética ante los intentos de volver a esquemas de los años 90. La proyección futura del conflicto plantea una tensión creciente entre el modelo de «soberanía hidrocarburífera» defendido por la provincia y la agenda de desregulación y venta de activos que impulsa la Casa Rosada.
