En un contexto de asfixia crediticia, figuras clave del oficialismo y legisladores accedieron a préstamos hipotecarios de la banca pública por montos que superan los 800 millones de pesos.
Mientras la administración de Javier Milei sostiene un ajuste severo bajo la premisa de que «no hay plata», una investigación basada en datos de la Central de Deudores del Banco Central y el sitio especializado Cuánto Deben reveló que destacados funcionarios del Ministerio de Economía, legisladores y comunicadores del entorno presidencial obtuvieron créditos hipotecarios millonarios a través del Banco Nación (BNA). Estos préstamos, otorgados durante la gestión de Daniel Tillard —quien recientemente dejó la presidencia de la entidad—, ponen bajo la lupa la transparencia en el acceso a la vivienda para la clase política frente a las dificultades que enfrenta el ciudadano común para calificar a este tipo de financiamiento.
Los nombres y las cifras de la controversia
La nómina de beneficiarios incluye a figuras con llegada directa al ministro de Economía, Luis Caputo. Entre los casos más destacados se encuentran Felipe Núñez, director del BICE, y Federico Furiase, secretario de Finanzas, quienes en conjunto habrían obtenido financiamiento por más de 800 millones de pesos. Núñez, integrante del staff del canal oficialista Carajo, accedió a 475 millones de pesos en febrero de 2025, mientras que Furiase obtuvo un préstamo de 367 millones ese mismo año.
La lista se extiende al Poder Legislativo. El diputado tucumano Mariano Campero (UCR-Aliado) accedió a un crédito de 322 millones de pesos en mayo de 2025, y Santiago Santurio, legislador de La Libertad Avanza, obtuvo 340 millones. Incluso figuras del ecosistema digital libertario, como el tuitero y funcionario de la oficina de respuestas oficial Juan Carreira (conocido como «Juan Doe»), también aparecen como beneficiarios de créditos millonarios de la banca estatal.
Contradicciones de una gestión bajo sospecha
La polémica no solo radica en los montos, sino en la naturaleza de la entidad otorgante. El Banco Nación es la institución que el propio Javier Milei intentó privatizar o transformar en Sociedad Anónima desde el inicio de su mandato. Resulta paradójico que los mismos funcionarios que cuestionan la eficiencia de los bancos públicos sean quienes utilicen sus recursos para resolver necesidades habitacionales personales bajo condiciones que no siempre están disponibles para el público general.
Andrés Snitcofsky, especialista en visualización de datos, advirtió que muchos de estos créditos podrían ser aún mayores si se considera el entorno familiar de los funcionarios. En algunos casos, se han detectado préstamos gemelos tomados por parejas que no figuran directamente en la declaración jurada inicial, pero que comparten la misma fecha y entidad.
Fuerte reacción de la oposición
El otorgamiento de estos créditos ha generado una fuerte reacción en la oposición. El diputado Esteban Paulón presentó solicitudes ante el BNA y el Banco Central exigiendo esclarecer posibles tratos preferenciales y conflictos de interés. La salida de Daniel Tillard del banco y la asunción de Darío Wasserman —funcionario cercano a Karina Milei— marcan una nueva etapa donde la transparencia en la gestión de la cartera crediticia será un eje de disputa política.
A corto plazo, el oficialismo deberá explicar si estos préstamos cumplen con los requisitos de ingresos y capacidad de pago exigidos a cualquier solicitante o si, por el contrario, representan un privilegio para la «casta» que el Gobierno prometió combatir. La presión social y judicial podría derivar en investigaciones sobre la legalidad de los montos otorgados en relación con los salarios públicos declarados por los beneficiarios.
