El último informe del Observatorio de la Deuda Social revela una Argentina fracturada: mientras el Gobierno celebra la baja de la pobreza por ingresos, el 83% de los trabajadores admite privaciones alimentarias severas.
La Argentina de marzo de 2026 ha parido un fenómeno social tan inédito como alarmante: el del trabajador que, aún cumpliendo jornadas completas, no puede alimentarse. El más reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA ha puesto fin al optimismo estadístico oficial al revelar que el 83,5% de los asalariados ha tenido que restringir la cantidad o calidad de su dieta por falta de recursos. Ya no se trata solo de desocupados; el hambre ha perforado la barrera del empleo formal.
El documento, titulado «Dinámicas de la Transición Social», expone una dualidad perversa. Si bien la pobreza por ingresos descendió al 36,3% y la indigencia se estabilizó en un 6% gracias a la desaceleración inflacionaria, estos números son apenas un maquillaje para una estructura social que se cae a pedazos. Solo el 16,5% de la fuerza laboral argentina puede decir hoy que está «libre de privaciones alimentarias». El resto habita un territorio de «estrés económico» donde el almuerzo en el trabajo se ha convertido en un lujo o en una ausencia.
Agustín Salvia, director del Observatorio, es tajante: la caída de la desocupación no es un síntoma de salud, sino de desesperación. Lo que el INDEC computa como «empleo» es, en rigor, un estallido del autoempleo de subsistencia. Con un 51,6% de informalidad laboral, Argentina ha consolidado un ejército de cuentapropistas, vendedores ambulantes y trabajadores precarizados que no aportan al sistema y que ven cómo sus ingresos son devorados por una canasta básica que la AUH y la Tarjeta Alimentar ya no alcanzan a cubrir.
La infancia sigue siendo la zona cero del desastre. Con 6 de cada 10 niños bajo la línea de pobreza y más de 4 millones sufriendo inseguridad alimentaria —el nivel más alto en una década—, el discurso del superávit fiscal choca de frente con una generación que crece con hambre. La «transición inestable» que describe la UCA es, en realidad, un cambio de paradigma donde se desarmó el viejo modelo de protección social, pero lo «nuevo» solo ofrece estabilidad macroeconómica al costo de un vaciamiento biológico en la base de la pirámide.
El escenario para el resto de 2026 no admite eufemismos. Mientras casi 4 de cada 10 hogares esperan que la situación empeore, el Gobierno enfrenta su mayor desafío: explicar cómo se sostiene un modelo pro-inversión cuando el capital humano más básico —la alimentación de sus trabajadores— está en liquidación.
