El fiscal Gerardo Pollicita ordenó investigar el patrimonio del Jefe de Gabinete tras detectar inconsistencias en sus declaraciones juradas y gastos en viajes de lujo.
La Justicia federal ha dado un paso decisivo en la investigación sobre la transparencia del entorno presidencial. El fiscal Gerardo Pollicita imputó formalmente al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La medida busca determinar si existe una «discordancia» sustancial entre el patrimonio declarado ante la Oficina Anticorrupción y los bienes y gastos reales del funcionario desde su llegada a la función pública.
El detonante de la causa fue un viaje familiar realizado por Adorni a Punta del Este en un vuelo privado, acompañado por el periodista Marcelo Grandío. La inconsistencia entre el costo de dichos traslados y los ingresos oficiales del funcionario motivó la apertura del expediente, que ahora se encuentra bajo la supervisión del juez Ariel Lijo. En las últimas horas, la declaración de la secretaria del piloto del vuelo habría ratificado que el costo del viaje fue cubierto por Grandío, un dato que la fiscalía analiza bajo la lupa de posibles dádivas o retornos.
La estrategia de la fiscalía incluye una batería de medidas probatorias de amplio alcance. Pollicita solicitó requerimientos a los registros de la propiedad inmueble y automotor, así como informes detallados a la ANSES, Migraciones y a la propia Secretaría General de la Presidencia, liderada por Karina Milei. El objetivo es reconstruir la trazabilidad financiera de Adorni y su entorno cercano para verificar si el incremento patrimonial —que según informes periodísticos casi se habría duplicado previo a su asunción— cuenta con justificación legal.
Ante el avance judicial, el Jefe de Gabinete ha mantenido una postura evasiva, limitándose a declarar que su patrimonio fue construido antes de entrar en la gestión pública y calificando las denuncias como una «operación política». Por su parte, el presidente Javier Milei ha salido en su defensa, tildando la investigación de «opereta» mediática. Sin embargo, la Justicia avanza sobre datos concretos: la declaración jurada de Adorni solo registraría dos propiedades, una cifra que chocaría con la información preliminar que maneja el Ministerio Público Fiscal sobre su estilo de vida y adquisiciones recientes.
El escenario a corto plazo sitúa al Jefe de Gabinete ante la obligación de justificar sus bienes en un contexto de alta sensibilidad social por el discurso de austeridad del Gobierno. De no mediar explicaciones contundentes sobre el financiamiento de sus viajes y la evolución de sus activos, la causa podría escalar hacia un procesamiento que golpearía el núcleo político de la Casa Rosada.
