La senadora por Salta enfrenta acusaciones de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas por presuntos vínculos con multinacionales mineras mientras legisla sobre recursos estratégicos.
La senadora nacional por Salta, Flavia Gabriela Royón, se encuentra en el centro de una tormenta judicial y política tras ser denunciada penalmente por presuntos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y cohecho. La presentación, realizada en marzo de 2026 por el abogado Enrique Viale en representación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), sostiene que la legisladora habría actuado en beneficio de intereses mineros privados durante el debate de la reforma de la Ley de Glaciares.
El conflicto estalló durante las audiencias públicas en el Congreso, donde Viale afirmó que Royón «no representa a la provincia de Salta, representa a las mineras». El punto central de la acusación reside en que la senadora habría mantenido una consultora privada que asesora a la multinacional Río Tinto —una de las principales beneficiarias de las modificaciones legislativas— mientras participaba activamente en el proceso parlamentario y votaba a favor de cambios que flexibilizan la protección de ambientes periglaciares.
Vínculos corporativos y la «puerta giratoria»
La trayectoria de Royón es señalada por los denunciantes como un caso paradigmático de «puerta giratoria» entre el sector público y privado. Antes de su banca en el Senado, Royón ocupó cargos de máxima relevancia como secretaria de Energía y de Minería de la Nación, además de haber presidido la Secretaría de Minería y Energía en Salta.
La investigación forense presentada alega que, paralelamente a su función pública, Royón mantuvo vínculos estrechos con la empresa neozelandesa Zelandez, especializada en servicios para la extracción de litio, llegando a integrar su junta directiva. Asimismo, se documentó la participación de directivos de Río Tinto en reuniones estratégicas con el gobierno de Salta para la compra del proyecto de litio «Rincón», gestiones en las que Royón habría tenido un rol facilitador.
La defensa de la senadora
Ante las acusaciones, la senadora Royón rechazó categóricamente los cargos, calificando las afirmaciones de Viale como carentes de sustento probatorio. Durante sus intervenciones en el recinto, defendió su postura alegando que la minería es «la solución al cambio climático» y que la nueva legislación no desprotege el agua, sino que ratifica el «federalismo ambiental» y permite un desarrollo sustentable basado en criterios científicos y técnicos.
Royón ha desafiado a sus denunciantes a presentar pruebas ante la justicia, sosteniendo que su labor legislativa busca transformar a la Argentina en una potencia minera para resolver problemas estructurales del país.
Análisis de impacto y escenarios
El caso Royón trasciende la figura de la senadora y pone en debate la transparencia en la gestión de recursos naturales estratégicos. A corto plazo, la justicia deberá determinar si existió un beneficio económico directo o una prestación de servicios de consultoría incompatible con el ejercicio de su cargo.
Un escenario de condena o procesamiento firme no solo afectaría su carrera política, sino que podría poner bajo sospecha la legitimidad de las reformas introducidas en la Ley de Glaciares y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), herramientas clave para el desembarco de capitales transnacionales en la Puna argentina. Por el contrario, una desestimación de la denuncia fortalecería la posición de los sectores pro-mineros, consolidando el modelo de explotación actual frente a las resistencias de los colectivos ambientales.
