La implementación de la Resolución 1107/2026 desata un paro nacional de médicos, deudas millonarias y un ajuste que golpea la atención primaria de cinco millones de afiliados.
El sistema de salud previsional en Argentina ha ingresado en una fase de metamorfosis estructural que, lejos de la «optimización» prometida por el Gobierno, ha derivado en una crisis de gobernabilidad sanitaria sin precedentes. La oficialización de la Resolución 1107/2026 marca el fin del modelo prestacional mixto —que combinaba un pago fijo con honorarios por consulta— para imponer un esquema de capitación pura. Esta decisión, tomada en un contexto de severa restricción fiscal, ha fracturado la relación con los médicos de cabecera y pone en jaque la integridad clínica de los jubilados.
El corazón del conflicto: ¿Aumento o recorte?
La piedra angular de la disputa reside en una divergencia de cálculos técnica y política. Desde la narrativa oficial, el PAMI sostiene que el valor de la cápita por paciente se incrementó de $946 a $2.100, lo que representaría un aumento nominal del 121%. Sin embargo, la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) denuncia que, al eliminar el pago por consultas presenciales, incentivos por formación y controles preventivos, el ingreso real de los médicos cae entre un 40% y 52%.
Para un profesional con 800 afiliados, el ingreso neto estimado podría desplomarse de $2.100.000 a un rango de entre $1.400.000 y $1.680.000. Frente a costos operativos en alza —alquileres, secretarias e insumos—, la práctica médica se vuelve deficitaria, empujando a los especialistas hacia un éxodo masivo del convenio.
Hacia una «Medicina de WhatsApp» y el colapso de las guardias
El impacto clínico es inminente. Expertos advierten que, al desaparecer el incentivo por la consulta presencial, el sistema empuja a los profesionales a una gestión remota o «por WhatsApp», limitando el examen físico solo a casos críticos. Este debilitamiento de la prevención primaria no solo posterga diagnósticos tempranos de patologías crónicas, sino que traslada la demanda hacia las guardias de hospitales públicos y clínicas privadas, ya saturadas.
Un frente de crisis múltiple: Odontólogos y Farmacias
La parálisis no se limita a los médicos de cabecera:
- Odontología: Los prestadores perciben apenas $374 por paciente, monto que no cubre siquiera el costo de los guantes o la anestesia, provocando una retención de tareas que ya cumple un mes.
- Farmacias: El sector reclama una deuda estimada en $270.000 millones, mientras el «Precio PAMI» se actualiza muy por debajo de la inflación, limitando la entrega de fármacos en el interior del país.
- Medicamentos: Los nuevos umbrales de elegibilidad para la gratuidad total —basados en ingresos menores a 1,5 haberes mínimos y restricciones patrimoniales— obligan a miles de jubilados a afrontar copagos con un haber mínimo de apenas $380.300.
Tensiones en el Gabinete y deuda de $500.000 millones
La crisis ha escalado al plano político. El ministro de Salud, Mario Lugones, y el de Economía, Luis Caputo, mantienen una pulseada interna por el giro de fondos. Se estima que el PAMI arrastra un déficit operativo y deudas con prestadores de 500.000 millones de pesos. Mientras tanto, desde las provincias, gobernadores como Martín Llaryora cuestionan el «abandono» de los adultos mayores bajo la premisa del superávit fiscal.
El escenario para el resto de 2026 es sombrío. Sin una renegociación que eleve la cápita hacia los $6.500 demandados por los gremios y restituya los incentivos preventivos, el sistema de atención primaria más grande de Latinoamérica corre el riesgo de un desmantelamiento irreversible.
